_El decreto fortalece la prevención, investigación y persecución de acciones deliberadas que provoquen daños graves a los recursos naturales estratégicos del país_
SANTO DOMINGO, República Dominicana. Mediante un decreto, el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación, persecución y combate de las conductas definidas en la disposición como terrorismo medioambiental.
El decreto establece una respuesta integral del Estado ante actos dolosos, individuales, colectivos u organizados, ejecutados por dominicanos o extranjeros con la finalidad de provocar daños graves a los ecosistemas, los recursos naturales o las infraestructuras ecológicas estratégicas del país, cuando generen temor colectivo, afectación masiva a la población o presión indebida sobre las autoridades públicas.
El presidente Abinader afirmó que el Gobierno ha decidido actuar de manera drástica frente a estas conductas y aseguró que el Estado utilizará todos los recursos disponibles para proteger el patrimonio natural dominicano.
“Estamos preparados para hacer todo lo necesario para proteger nuestro patrimonio natural y aplicar con firmeza las leyes contra quienes lo destruyan”, expresó el mandatario.
La disposición coloca la protección del patrimonio natural entre las prioridades estratégicas de seguridad nacional y ordena la articulación de las instituciones responsables de la defensa, la inteligencia, la justicia y la protección ambiental para prevenir y enfrentar este tipo de amenazas.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que la decisión representa un cambio fundamental en la respuesta del Estado frente a quienes provocan daños graves y deliberados al patrimonio natural dominicano, al reconocer que determinadas acciones contra los ecosistemas pueden trascender el ámbito ambiental y comprometer la seguridad de la Nación.
“Durante demasiado tiempo hemos tratado los delitos contra el medio ambiente como si fueran delitos menores. Pero cuando se destruye un bosque, se amenaza nuestra agua; cuando se destruye una cuenca, se amenaza nuestra producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria”, expresó Henríquez.
“El agua es seguridad nacional. Los bosques son seguridad nacional. Las áreas protegidas son seguridad nacional. Y quien atente deliberadamente contra ellos debe saber que tendrá al Estado dominicano de frente”, agregó.
*Una respuesta firme frente al daño ambiental*
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista (CAN) y a la Dirección Nacional Antiterrorista (DAN) a incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas vinculadas al terrorismo medioambiental contra las infraestructuras ecológicas estratégicas del país.
La disposición reconoce como infraestructuras ecológicas estratégicas de la Nación las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, las cuencas hidrográficas, los acuíferos y reservas de agua subterránea, los manglares, humedales y arrecifes coralinos, los sistemas de abastecimiento de agua potable y los bosques de protección y producción, así como cualquier ecosistema cuya degradación pueda comprometer la seguridad ambiental, alimentaria o hídrica del país.
Asimismo, establece que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) elaborarán una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental.
Esta política estará orientada, entre otros objetivos, a identificar organizaciones criminales ambientales, detectar el financiamiento ilícito de actividades depredadoras, proteger cuencas, bosques y áreas protegidas, prevenir incendios forestales provocados y resguardar infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía, incluidas las redes de distribución eléctrica.
El decreto señala que esta modalidad de criminalidad compleja puede estar vinculada a redes dedicadas al tráfico ilícito de recursos naturales, la agricultura ilegal dentro de áreas protegidas, la minería ilegal, el comercio ilegal de especies protegidas, los incendios forestales provocados y la ocupación ilícita de áreas protegidas.
También cita el artículo 265, numeral 5, de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, que establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor, además de multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público, para quien provoque voluntariamente un incendio en bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, arroyos o cañadas, parques nacionales o cualquier otra categoría de área protegida.
*La ciudadanía como aliada*
Como parte de esta política, las instituciones competentes habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia para reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, garantizando la protección de denunciantes y colaboradores de buena fe.
En línea con este mandato, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolla una nueva plataforma de fiscalización, actualmente en fase de prueba, que permitirá registrar, georreferenciar y dar seguimiento a cada denuncia, con el propósito de acelerar la respuesta institucional y garantizar la trazabilidad de las actuaciones.
Henríquez destacó que la participación ciudadana constituye un componente fundamental para detectar oportunamente las amenazas contra los recursos naturales y llamó a la población a utilizar los mecanismos que serán habilitados para reportar acciones que puedan comprometer el patrimonio ambiental.
El ministro reiteró que la protección de los recursos naturales no puede limitarse a sembrar árboles, recoger residuos o desarrollar campañas educativas, sino que también requiere prevención, vigilancia, investigación y una actuación firme de las instituciones responsables.
“Hay momentos en los que proteger la naturaleza significa ejercer la autoridad del Estado. Y este es uno de esos momentos”, afirmó.
Los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Defensa presentarán periódicamente al presidente de la República informes sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados de las acciones implementadas en cumplimiento del decreto.
Henríquez aseguró que la institución trabajará de manera articulada con las demás entidades involucradas para garantizar la protección efectiva de los recursos naturales estratégicos y advirtió que el Estado actuará frente a quienes conviertan la destrucción ambiental en una actividad lucrativa.
“La naturaleza dominicana no está en venta. No está abandonada. Y no está indefensa. Mientras tengamos la responsabilidad de protegerla, vamos a defenderla con la ley, con las instituciones, con determinación y con toda la autoridad del Estado dominicano”, concluyó Henríquez.
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