El imputado deberá acudir periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial por presunta usurpación de funciones durante un desalojo.
Presentación periódica a abogado/Tomado de CDN
Palacio de Justicia de Barahona, donde fue conocida la medida de coerción contra el abogado imputado por presunta usurpación de funciones.
Barahona, RD.– La Jueza María Consuelo Valenzuela, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, impuso presentación periódica al abogado Aderson Gomery Feliz Medina, acusado presuntamente de usurpar la función de representante del Ministerio Público durante un desalojo realizado en el mes de agosto del pasado año, en el sector La Fruta, del municipio Villa Central, en esta provincia.
Mascuci Feliz Mendez, representante legal de la Asociación Manuel Mateo, de la parcela 21-C, manifestó su desacuerdo con la medida impuesta por el tribunal. Expresó que esperará el avance del proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
De su lado, Hansel Ferrera abogado de la barra de la defensa del imputado Feliz Medina, indicó que su representado resultó confundido por los moradores en el momento en que las autoridades daban cumplimiento a una sentencia judicial de desalojo.
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Sostuvo que su cliente no actuó como fiscal, sino que se encontraba en el lugar en el marco del proceso legal que se ejecutaba.
Durante la audiencia, las familias desalojadas, cuyos hogares resultaron demolidos con tractores y palas mecánicas, abarrotaron este jueves el Palacio de Justicia. Los mismos exigían que se respeten sus derechos y solicitando una solución al conflicto que les afecta.
Sobre el desalojo
Los habitantes del sector La Fruta aseguran que las familias construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo. Indicaron que la familia Díaz estaría intentando apoderarse de los terrenos mediante documentos presuntamente falsificados, situación que ha generado preocupación e indignación entre los afectados.
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El sector La Fruta, ubicado en el municipio Villa Central, ha sido hogar de sus residentes por aproximadamente 30 años. Esto, luego del abandono de los terrenos por ciudadanos estadounidenses a principios de la década de 1990, según relatan comunitarios de la zona.
El imputado deberá acudir periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial por presunta usurpación de funciones durante un desalojo.
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